En las últimas semanas, ha saltado al foco mediático un problema que lleva presente en la educación superior pública desde hace décadas, pero que se ha visto profundamente agravado con los ajustes y políticas neoliberales que, con más saña que nunca, han sido puestas en marcha durante las últimas legislaturas. Este problema al que me remito no es otro que la situación del personal docente asociado de las universidades públicas. Para quien no se encuentre vinculadx a nivel profesional y/o doctoral con la universidad, el tema de la jerarquía docente dentro de estas instituciones le sonará a marciano. Aquí va un pequeño resumen de esta (tremendamente enrevesada y volatil) jerarquía docente. A grandes rasgos, hay cinco tipos de profesorxs que anidan en las universidades públicas españolas: 1) el o la catedráticx, cúspide de la pirámide en términos laborales y de estatus 2) el o la titular, que, a nivel formal, ocuparía una posición laboral de funcionarix (con toda la seguridad y posibilidades de llevar a cabo una proyección vital que eso conlleva) 3) el o la contratadx doctora (el equivalente a indefinidx) 4) el o la ayudante doctora 5) y, por último, el o la profesora asociada. Esta última figura fue creada en los años 80 para fomentar el acercamiento de grandes profesionales a la academia con el objetivo de que compartieran la sabiduría adquirida en sus respectivos nichos laborales con lxs alumnxs.

No obstante, usando tretas que, en algunos casos, se encuentra fueran de la legalidad y, en otros, sólo se salvan de cruzar esa difusa y oscilante línea por medio de piruetas legales, el profesorado asociado se ha convertido en las últimas décadas en un sostén para unas universidades públicas sometidas a un corrosivo proceso de sustitución de personal funcionario por personal laboral externo con contratos y situación precaria. Estxs profesionales, que cobran entre 300 y 600 euros mensuales brutos, son una de las múltiples caras del doloroso e inmoral desmantelamiento de las universidades públicas, cada vez más escasamente financiadas y con una creciente demanda de población universitaria.

Si bien es cierto que, supuestamente, es requisito indispensable para que alguien pueda ocupar un puesto de asociadx el tener un contrato laboral fuera de la universidad o ser autónoma, las exigencias del puesto, la dispersión de los horarios (ya que lxs asociadxs son lxs últimos en escoger asignaturas) y la cantidad de tiempo invertido en tutorías y preparación de clases, hacen prácticamente imposible compaginar la enseñanza con otro puesto de trabajo. No sólo esto, hoy en día, el puesto de profesor asociadx se ha convertido en una especie de rito de paso casi a todas luces ineludible si una desea hacer carrera académica, algo que, unido a la cantidad ingente de responsabilidades ajenas al contrato con la universidad que muchxs asociadxs se ven forzadxs a aceptar (tutorización de TFGs o TFMs, dar más horas de clase de las que les corresponden por contrato) como consecuencia de presiones o motivadxs por la esperanza de medrar más fácilmente en la jerarquía docente, hace muy difícil compaginar este puesto con uno externo a la universidad. En este contexto, no es de extrañar que las circunstancias hayan empujado al surgimiento de lxs denominadxs falsxs asociadxs, es decir, aquellxs que pagan Seguridad Social como autónomxs, pero que, en realidad, no cuentan con otro puesto de trabajo, lo que hace que, en algunos casos, la suman final resultante de su salario como profesorxs sea de unos 100 o 300 euros mensuales.

Tampoco es de extrañar que, ante estos abusos, asociadxs de diferentes universidades públicas españolas, sea cual sea su situación laboral fuera de esta institución, se estén organizando a nivel estatal para demandar la desprecarización de sus puestos de trabajo. Lxs que han tomado la delantera aquí han sido lxs asociadxs de la Universidad de Valencia, que llevan dos meses en huelga y, desde abril, estarán acompañados por sus compañerxs de la Politécnica de Valencia. Porque es impensable que las universidades públicas puedan eludir la degradación y la pérdida de prestigio con un importante porcentaje de su personal inmersx en unas  condiciones de precariedad que no les permiten dedicar tiempo a producción de conocimiento. Una precariedad que es violencia salarial y que es humillación, porque cobrar a 5 euros la hora, como afirman que cobran lxs asociadxs en huelga de la Universidad de la Valencia, ya sea unx profesora de universidad, personal administrativo, ingeniera aeronáutica o camarera de piso, es una forma más de violencia económica.