La violencia sexual desde una perspectiva feminista se entiende como un ejercicio de poder y dominación del hombre. De acuerdo con Segato es una forma de control sobre un territorio-población y “sobre el cuerpo del otro como un anexo a ese territorio”. Es el caso de contextos de conflictos armados, en los que la violencia sexual es utilizada como arma de guerra por lo que los privilegios masculinos de los soldados, el poder militar y las diferencias de etnia y clase se sobreponen a los derechos de las mujeres, ejerciendo violencia física y psicológica contra las mismas.

Además del trauma, la degradación y el terror, también existe el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual y embarazos forzados. Las mujeres durante el parto o el embarazo se encuentran en una situación de vulnerabilidad añadida, con reducido apoyo sanitario y presiones tanto sociales como culturales contra el aborto o relacionadas con dar a luz a un hijo/hija fruto de la violación. Todas estas formas de violencia sexual se dan en diferentes contextos en un escenario de coacción y guerra, en el que el objetivo de dicha violencia es demostrar fuerza y dominio por parte de los hombres, utilizando la violencia sexual para amenazar, asustar, obtener información, torturar y crear un escenario de terror. Además, refleja un sistema patriarcal, en el que se considera el cuerpo de las mujeres un objeto de conquista por parte del grupo armado enemigo.

Desde el derecho internacional la violencia sexual en el contexto de dictaduras y/o conflictos armados siempre ha sido invisibilizada, olvidada y relegada a un segundo plano, como afirma Copelon: “antes de los noventa, la violencia sexual en la guerra era, salvo algunas raras excepciones, ignorada en general. Si no era ignorada, su importancia era menospreciada. Si no era subvalorada, su importancia era un asunto personal o era justificada como sub-producto inevitable de la guerra, una retribución necesaria para los combatientes”.

De hecho, se empezó a tomar en cuenta solamente a partir de los años 90, gracias al esfuerzo de las feministas, que empezaron a presionar para que se incluyera la violencia sexual como crimen de guerra, genocidio y crimen de lesa humanidad. Dicha inclusión ha supuesto un avance en el derecho internacional. Sin embargo, también contó con muchas críticas feministas a la hora de introducir e implementar estas normas internacionales en los mecanismos de justicia transicional por el carácter patriarcal del derecho, que re-victimiza y culpabiliza a las mujeres en la mayoría de los casos.

Asimismo, cabe señalar que esta no es la única forma de violencia que sufren las mujeres durante los conflictos armados, ya que durante la guerra las condiciones de desigualdad son extremas llegando a sufrir violencias de otro tipo como son la económica, la social, la cultural.

Ahora bien, es importante tener presente que las mujeres en los conflictos armados ocupan también un papel activo en la sociedad como (ex)combatientes, activistas políticas y mujeres organizadas de la sociedad civil. Dicho aspecto es muy importante en el proceso de construcción de una nueva sociedad más igualitaria, para que, mediante la memoria histórica, sea posible incorporar en el imaginario social y en la sociedad la ocupación de los espacios públicos y del poder por parte de las mujeres.

Por ello es importante reflexionar sobre la raíz de la violencia de género como desigualdad estructural, para construir una sociedad en que las mujeres puedan vivir libres, sin violencia. En este sentido la incorporación de la mirada feminista en los conflictos armados, además de visibilizar las voces de las mujeres y fomentar su participación en todo el proceso político y social de re-construcción de la sociedad es la única forma para que se alcance una sociedad más igualitaria para las mujeres. Como afirman Bell y O´Rourke “la articulación de un “gran sueño” de la justicia material y sustantiva para las mujeres [es lo que hace que] las intervenciones feministas en la Justicia Transicional sean las más convincentes”.